Bogotá, Colombia, 15 de enero de 2007

H. Congressman
CHARLES RANGEL
House of Representatives

A raíz del triunfo demócrata en las elecciones del pasado 7 de noviembre y en nuestra calidad de organizaciones sindicales, ambientales, de campesinos y pequeños comerciantes, de comunidades negras e indígenas, de mujeres y de derechos humanos, nos damos cuenta que este cambio en Washington ofrece la oportunidad de evitar los daños que acarreará lo acordado en el TLC entre Estados Unidos y Colombia, muchos de los cuales han sido señalados por importantes líderes demócratas en Estados Unidos

En este momento de reflexión, queremos darle nuestras opiniones sobre algunos de los impactos previstos del TLC.

En el aspecto laboral, está claro que en Colombia el asesinato de sindicalistas ha estado asociado al deterioro de las condiciones laborales, al aumento del desempleo, a la restricción del derecho a la libre asociación en sindicatos y se relaciona también con la realización de sucesivas reformas laborales que deterioran la capacidad de los sindicatos de defender los derechos colectivos y rebajan los estándares laborales. El TLC no contrarrestaría esta situación, sino que deja un marco flexible para que se sigan implementando este tipo de políticas laborales – con los mismos, o peores, resultados.

En materia ambiental, el gobierno de Uribe se ha esforzado en que importantes recursos naturales como los bosques, los páramos, el agua etc., entren en los circuitos comerciales y muchas de las exportaciones previstas en el TLC tienen serios y graves efectos ambientales como es el caso de la palma de aceite, el carbón, las flores, etc.

En lo agrario nos interesa enfatizar que la previsible quiebra de la producción de productos estratégicos para la dieta del pueblo colombiano, tales como cereales, lácteos y carnes, va a acentuar la descomposición del campo y crear una situación de inestabilidad que puede determinar un aumento de la violencia y el narcotráfico.

Lo acordado en propiedad intelectual, dificultará el acceso de la población a los medicamentos genéricos y determinará un incremento en el gasto de los hogares en materia de salud, cosa grave en un país en el cual más del 60 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza.

Por lo demás es notorio y debe alarmar al Congreso estadounidense, los estrechos vínculos del actual gobierno con alarmantes episodios de corrupción y con importantes sectores políticos vinculados al narcotráfico y el paramilitarismo.

Como se dará usted cuenta hay serias críticas y documentados estudios sobre cada uno de estos temas (Garay, 2006; Holguin Zamorano, 2005; Umaña, 2004; Robledo, 2006, entre otros) ya que la administración de Uribe en Colombia hizo causa común e incondicional con los enfoques y criterios de la administración Bush la cual no tuvo en cuenta a los demócratas en la definición del contenido del texto, así como en Colombia tampoco se tuvo en cuenta la opinión de vastos sectores de opinión al definir el contenido del tratado.

El recurso de aclarar los temas mediante cartas adjuntas no puede subsanar estas fallas y la renegociación parcial tampoco.

Hemos señalado, y continuamos insistiendo en que no estamos de acuerdo con lograr la competitividad a costa del deterioro de los estándares laborales y ambientales, tal como el actual gobierno colombiano se propone. Pensamos que en este principio coincidimos con importantes sectores del pueblo Estadounidense.

Al mismo tiempo creemos que se deben fortalecer las relaciones comerciales y económicas con criterios de beneficio mutuo, respeto a la democracia, progreso y equidad. Para lograr esto, estamos dispuestos a trabajar estrechamente con usted y con nuestros propios representantes.

Atentamente

HÉCTOR LEÓN MONCAYO
ENRIQUE DAZA
Voceros
Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca
Carrera 23 No. 40-12 Piso 2, Bogotá – Colombia
Teléfono: 244 35 16

ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN RECALCA:
Acción Permanente por la Paz; Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; Asociación Censat Agua Viva; Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA; Asociación de Industriales de Bogotá; Asociación de Empresarios por la Salvación Industrial; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas indígenas y negras, ANMUCIC; Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria; Central Unitaria de Trabajadores, CUT; Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO; Centro de Estudios Nueva Gaceta; Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP; Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas, capítulo Colombia, COMUANDE; Confederación de Pensionados de Colombia, CPC; Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC; Confederación General de Trabajadores, CGT; Consumidores de Colombia, COCO; Corporación Cactus; Escuela para el Desarrollo de la Democracia, ESCUDE; Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Federación Colombiana de Educadores, FECODE; Federación Colombiana de Estudiantes de Contaduría Pública; Federación Nacional de Profesores Universitarios; Fundación América Latina; Fundación Friedrich Ebert en Colombia, FESCOL; IFARMA; Red Internacional de Género y Comercio, punto Focal Colombia; INDEPAZ; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA; Marcha Mundial de Mujeres; MENCOLDES; Mesa Mujer y Economía; Movimiento Comunal Comunitario; Movimiento Popular Artístico Colombiano, MOPAC; Organización Colombiana de Estudiantes, OCE; Periódico Desde Abajo; Planeta Paz; Plataforma de Derechos Humanos; Democracia y Desarrollo, capítulo Colombia; Colectivo Somos Sudacas; Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sinbienestar; Red de Veedurías Ciudadanas; Corporación Viva la Ciudadanía; Colectivo Libertario Banderas Negras; Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Coordinadora Nacional Agraria, CNA; Convergencia Nacional Indígena, Negra y Campesina; Acción Campesina Colombiana, ACC; Colectivo de Abogados José Alvear; Comisión Colombiana de Juristas; Fundación de Apoyo Comunitario, Fundac; Unidad Cafetera; Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios; Unión Nacional de Usuarios y Defensores de Servicios Públicos Domiciliarios.